El mercado criminal de la trata de personas en cualquiera de sus modalidades produce ganancias inconmensurables. Si bien, no existen cifras exactas de la derrama económica que este delito genera, se sabe que la trata con fines de explotación sexual es la más común alrededor del mundo. El 50% de las víctimas son sujeto de explotación sexual, la otra mitad de casos se encuentran entre quienes sufren trabajo forzado, mendicidad o son obligados a realizar actividades delictivas¹.  
 
Para conocer cuál es la lógica financiera de esta economía criminal, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se dio a la tarea de indagar cómo se combate la trata de personas desde su dimensión económica y cómo se vincula con el lavado de dinero en México. Paulatinamente nuestra investigación devela que estos flujos financieros no están en el foco de atención de especialistas, autoridades, activistas y sociedad civil que dedican sus esfuerzos a prevenir y luchar contra la explotación humana.  
 
Datos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) consignan que el diez por ciento del dinero lavado proveniente de grupos dedicados a la trata de personas se realiza en nuestro continente². En este sentido, en la lucha contra el blanqueo de recursos han surgido iniciativas de prevención contra la trata de personas a nivel internacional, las cuales han ayudado a establecer modus operandi y tipologías asociadas a estas actividades ilícitas para blanquear e introducir los ingresos de la trata de personas a la economía formal.  
 
México ha avanzado en el fortalecimiento del sistema financiero para combatir el blanqueo de activos desde la banca y diferentes entidades de este tipo. No obstante, falta mucho camino por recorrer. Si bien, algunos de los recursos monetarios de estas operaciones pasan por el sistema financiero, otros no, ya que se realizan en efectivo o están mediadas por la economía informal. 

El informe Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención de reciente publicación y realizado por el ONC, pone sobre la mesa que el aspecto financiero de este delito no se limita a las transacciones entre víctimas, perpetradores y victimizantes, ni a las ganancias de los tratantes. Más bien, involucra operaciones previas y posteriores que posibilitan y perpetúan la trata, tales como: la compra/venta de las personas, los gastos de traslado y hospedaje de las víctimas, las inversiones en establecimientos de explotación, el pago de anuncios en sitios web, entre otras. 
 
Ante esto, la gobernanza local construida para combatir el lavado de dinero parece tener poco alcance, esto porque desde el año 2006 se ha enfocado a la actividad de los cárteles de la droga; la trata de personas hasta hace pocos años aparece en la Evaluación Nacional de Riesgos como uno de sus delitos precedentes. Si bien, los recursos institucionales han avanzado en el blindaje del sistema financiero, existen faltas entre organismos reguladores, organismos supervisores y la inteligencia financiera.  
 
Nuestro estudio exhibe que los huecos interinstitucionales impiden consolidar las tipologías de la trata de personas y que estas son urgentes de diseñar debido a que este delito diversifica sus estrategias de enganche, transporte y explotación, de la mano del cambio tecnológico y, conforme a factores macroestructurales que lo condicionan, como por ejemplo, la pandemia por Covid-19. A esto se suma, que la procuración e impartición de justicia muestran pobres resultados en sentencias que castiguen a las redes criminales a partir de sus flujos financieros ilícitos. 
 
 

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano 

@normaoax 

[1] Reporte Global de la ONU sobre la Trata de Personas 2020.  
[2] GAFILAT (2022) México. Conmemorando la consolidación regional. Disponible en: https://gafilat.org/index.php/es/miembros/mexico

Fuente: El Universal