Es momento de abundar en un tema de relevancia en el ecosistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es decir, la controversial certificación otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Recordemos que la certificación antilavado es un proceso que inició la CNBV en el 2015, con el fin de profesionalizar en materia de PLD/FT a los auditores, oficiales de cumplimiento y otros profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de este órgano regulador.
Al ser una idea implementada en el pasado gobierno, había riesgo de que la actual administración desapareciera el proceso, lo cual se iba a ver mal ante los ojos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, al demostrarse que era un proceso que de alguna manera “deja lana” al gobierno, se decidió mantenerlo e incluso ampliarlo al universo de la Unidad de Inteligencia Financiera, para las actividades vulnerables.
Para el ejercicio fiscal 2023, la certificación tuvo un costo de 15,872 pesos, es decir 1,147 pesos más que en el 2022.
En este escenario, es importante reconocer que, si bien no es un proceso en el que todas las entidades del sistema financiero deben tener a un oficial de cumplimiento certificado, muchas ya cuentan con ello, lo que es bien visto por el resto del ecosistema financiero y por las autoridades.
Según la CNBV, actualmente la obligación de contar con la certificación es para:
- Auditores internos o externos responsables de elaborar el informe de auditoría de los sujetos obligados.
- Oficiales de cumplimiento de Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios cuando se registren ante la CNBV para iniciar operaciones.
- Oficiales de cumplimiento de las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech).
Es importante mencionar que la certificación tiene una vigencia de cinco años, por lo que la autoridad sugiere que las personas interesadas en renovar su certificado se inscriban en el proceso inmediato anterior al que venza su certificado, con el fin de que las personas puedan mantener su certificación de manera interrumpida.
Si bien los datos públicos sobre la certificación están desactualizados, pudimos conseguir algunas cifras que ponen en perspectiva la importancia de este proceso actualmente.
El último dato público al respecto se encuentra en el Informe Anual de la CNBV correspondiente al 2020, donde se indica que el total de personas que habían obtenido su certificación del 2015 a esa fecha ascendía a 3,789, de las cuales 143 correspondieron a renovaciones.1
Ahora bien, gracias a una solicitud de información a la CNBV pudimos obtener datos del proceso en los últimos dos años.
Según la respuesta de la CNBV, estos son los datos al respecto:
* En el 2022, la CNBV, con apoyo de otras instancias, realizó la evaluación para la certificación a 1,952 personas, de las cuales 630 aprobaron y 1,322 reprobaron. Es decir, el porcentaje de aprobación fue de 32 por ciento.
* En el 2023, la CNBV realizó la evaluación a 1,419 personas, de las cuales 498 aprobaron y 921 reprobaron. En esta ocasión, el porcentaje de aprobación fue de 35 por ciento.
Llama la atención la reducción del número de personas interesadas en certificarse del 2022 al 2023. Según las cifras, la caída de participantes en la evaluación fue de 27% en dicho periodo.
Si bien, la oferta laboral para profesionales certificados en materia de PLD/FT es dinámica, lo malo son los sueldos que se ofrecen, incluso existen algunas ofertas que pueden significar hasta un insulto, por el tiempo y dinero invertido para capacitarse y aprobar la evaluación.
En vísperas de la entrada de un nuevo gobierno, es importante hacer una reflexión sobre este proceso y si realmente es algo que sume a las capacidades de las instituciones financieras, y por ende del sistema financiero, para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esperemos que estas palabras hagan eco en los equipos de los candidatos presidenciables y al menos, se tenga un plan al respecto para saber si es viable o no continuar con este proceso, muy criticado por aquellos que indican que sólo ha servido para llenar los bolsillos de consultores y muy aplaudido por otros que realmente defienden la esencia de la certificación, es decir tener más y mejores profesionales capacitados para evitar y combatir al lavado de dinero en México.
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1 (S/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de febrero de 2024, de https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Documents/Informe%20Anual%202020.pdf