La nación mejor evaluada fue Dinamarca con 90 puntos de 100, le siguió Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con la misma cifra.

México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el segundo peor —sólo detrás de Rusia— de los miembros de las 20 economías más grandes del mundo (G20), en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022.

Este es el tercer año consecutivo, cabe mencionar, en que México mantiene la misma calificación en el IPC.

Según datos del informe realizado por Transparencia Internacional, el país obtuvo una calificación de 31 puntos —donde 100 es la mejor calificación y cero la peor— que lo ubican en el lugar 126 de 180 países.

Según el índice, Bolivia, Laos y Uzbekistán tienen la misma calificación que la República mexicana.

De los países de Latinoamérica, México está ubicado en el lugar 13 en el Índice de 2022.

Delante se encuentran Uruguay (74 puntos), Chile (67), Costa Rica (54), Cuba (45), Colombia (39), Argentina (38), Brasil (38), Ecuador (36), Panamá (36), Perú (36), El Salvador (33) y República Dominicana (32).

Mientras que Paraguay (28), Guatemala (24), Honduras (23), Nicaragua (19), Haití (17) y Venezuela (14) son los únicos estados que están ubicados más abajo en la evaluación.

A nivel global, las 10 naciones mejor evaluadas son Dinamarca (90), Finlandia (87), Nueva Zelanda (87), Noruega (84), Singapur (83), Suecia (83), Suiza (82), Países Bajos (80), Alemania (79) e Irlanda (77).

Mientras que los estados peor calificados son Corea del Norte, Burundi, Guinea Ecuatorial, Haití y Libia, con 17 puntos; Yemen, con 16 puntos; Venezuela, con 14 puntos; Sudán del Sur y Siria, con 13 puntos y Somalia, con 12 puntos.

El organismo encargado de realizar el documento consideró que la falta de sentencias resoluciones en grandes casos de corrupción como Odebrecht, la Estafa Maestra, Segalmex o la compra de Agro Nitrogenados y fertinal por parte de Pemex a precios millonarios; la nula devolución de los recursos desviados a la nación y que las autoridades encargadas de impartir justicia en la matera utilizan las instituciones con un sesgo político-electoral son los principales obstáculos identificados en materia de corrupción.

Atorado con problemas históricos

Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, comentó que el país está “atorado” en muchos temas de corrupción que ha padecido históricamente.

El especialista mencionó que casos como las 7,000 carpetas de investigación por el delito de huachicol y el presunto lavado de dinero de universidades del estado de Hidalgo, que no han tenido una sentencia contra nadie, abona a la percepción de corrupción que actualmente impera en el país.

También, destacó que la modificación del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones tuvo un impacto significativo en la percepción de expertos internacionales y nacionales en corrupción debido a que, luego de dos semanas de trabajo con especialistas en la materia, sólo se permitió que se contratara, por adjudicación directa, a Naciones Unidas para la compra de medicamentos.

“Fue muy criticada la forma en que se manejó todo este tema porque había una oportunidad política, tenían la mayoría en el Congreso, incluso la posibilidad de reformar la Constitución si fuera necesaria para mejorar el Sistema de Contratación Pública de México y terminaron por hacer un ajuste menor, sólo para poder contratar a Naciones Unidas”, dijo el especialista.

Otros problemas que enfrenta el país, en materia de corrupción, son la falta de reducción en el número de contratos con empresas fantasmas, las adjudicaciones directas, el crecimiento de corrupción en trámites y servicios, y el incremento de la corrupción que afecta a los hogares mexicanos.

Acciones limitadas

Por su parte, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, expresó que el estancamiento que vive el país en la percepción no es algo nuevo, pues es algo que se ha presentado en otras administraciones.

“Lo que sucede actualmente es que este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, piensa y hace creer a la opinión pública que la corrupción se puede terminar por decreto y eso es imposible”, dijo.

Por otro lado, indicó que las medidas tomadas por el Ejecutivo federal, en el combate a la corrupción, han sido muy limitadas.

“Las mayores acciones se han tomado por parte de la Secretaría de la Función Pública que está avanzando en la profesionalización de los Órganos Internos de Control.

“Que ha hecho mapeo de las instancias de contraloría social, que se ha tratado de corregir la decisión de realizar las compras públicas a través de recomendaciones, algunos intentos se han hecho, pero estos han sido insuficientes”, dijo la especialista.

Fuente El Economista