Para finales de la década de los ochentas, el Cártel de Guadalajara había llegado a su declive, pero el crimen organizado se mantenía como una constante amenaza en el país.
La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los principales capos revelaron no sólo su capacidad operativa, sino también los nexos que habían establecido con el propio gobierno —como ocurrió con la Policía Judicial Federal
“El constante acarreo de drogas a lo largo y ancho del territorio representaba una amenaza mayor para la salud de los mexicanos, en particular para los más jóvenes”, escribió el expresidente Carlos Salinas de Gortari en su libro México, un paso difícil a la modernidad publicado en el 2000.
En dicha obra, el exmandatario federal presume las acciones emprendidas en su gobierno contra las organizaciones criminales, como las capturas de Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Francisco Arellano Félix y Humberto García Ábrego.
El doceavo capítulo del libro expone que en 1994, gracias a la participación conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se dio un “golpe a la estructura financiera” del Cártel del Golfo, también conocido en ese entonces como el Cártel de Matamoros.
Aquel año se llevó a cabo un juicio en una corte de Texas en la que se demostraron los nexos entre un alto ejecutivo de una filial de American Express Bank y su asistente “habían manejado millones de dólares en inversiones” de dicha estructura delincuencial.
Según los reportes de la prensa estadounidense, ambos ejecutivos lavaron un total de 32 millones de dólares del cártel a través de cuentas en las Islas Caimán.
Para la época, el Cártel del Golfo era encabezado por Juan García Ábrego y mantenía el control de la frontera de Tamaulipas, por donde enviaba cocaína a EEUU
“Durante el juicio de ese alto ejecutivo bancario, hubo un intenso intercambio de información con los Estados Unidos […] Los acusados fueron encontrados culpables de diez cargos relacionados con lavado de dinero”.
La investigación, acorde con testimonios recabados por The New York Times, duró aproximadamente dos años. A lo largo de ese periodo, la Fiscalía rastreó los movimientos financieros de García Ábrego que salían de México a Estados Unidos, se dirigían a Suiza y llegaban a las Islas Caimán para, finalmente, volver a territorio mexicano.
Por este caso, American Express acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, el monto más alto registrado hasta ese entonces contra un banco en EEUU por estos ilícitos.
Salinas de Gortari sostiene en su libro que dicho impacto a la estructura financiera habría sido suficiente para “desmembrar” al Cártel del Golfo. Sin embargo, a casi 30 años de aquel suceso, las escisiones de dicha agrupación mantienen al estado de Tamaulipas sumido en una ola de violencia.
Fuente: Infobae