Una de las paradojas del sistema financiero moderno es cómo avanzar en la inclusión financiera sin debilitar los controles antilavado. Si bien en México —y en el mundo— persiste una deuda pendiente para incorporar a más personas al sistema formal, los riesgos de flexibilizar los canales de entrada son latentes, sobre todo frente a las amenazas de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿qué hacer? 

Desde la llegada de Elisa de Anda Madrazo a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los ejes de su gestión ha sido promover la inclusión financiera desde la trinchera antilavado, impulsando un enfoque que combine acceso con integridad¹. 

En esa línea, el GAFI ha adoptado diversas medidas para que sus países miembros —entre ellos México— fomenten la bancarización sin debilitar los estándares de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). En febrero de 2025, el organismo modificó su Recomendación 1 sobre Enfoque Basado en Riesgo, así como su Nota Interpretativa, para permitir el uso de medidas simplificadas en los sistemas financieros nacionales cuando se trate de productos y clientes de bajo riesgo². 

Asimismo, ajustó su Recomendación 10 sobre Debida Diligencia del Cliente, con el fin de incorporar procedimientos proporcionales y el uso de herramientas como la verificación digital de identidad y documentos alternativos reconocidos por la regulación local. 

Estos cambios buscan dos objetivos principales: 

• Reforzar el compromiso global con la inclusión, sin comprometer la integridad financiera. 

• Evitar el de-risking, es decir, el cierre indiscriminado de cuentas o la negación de servicios a sectores de bajo riesgo —como organizaciones no gubernamentales— motivados únicamente por temor regulatorio. 

En sus reuniones plenarias de julio de 2025, el GAFI dio un paso más al publicar su Guía sobre Inclusión Financiera y Medidas Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo, documento que traza un camino para bancarizar a más personas sin agravar los riesgos de lavado³. 

El diagnóstico de México 

Ante esta visión del GAFI, México y particularmente la CNBV no han sido ajenos. El organismo reconoce que avanzar en inclusión financiera también requiere acotar los riesgos de lavado de dinero, pues una norma mal entendida o aplicada puede convertirse en puerta de entrada para recursos ilícitos. 

Recientemente, la CNBV publicó su Guía de recomendaciones para sujetos supervisados que puedan utilizar medidas simplificadas de identificación del cliente o usuario, así como sugerencias para fortalecer sus regímenes PLD/FT. 

En el documento —al que tuvo acceso este textoservidor— se destaca que, con base en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, ocho de cada 10 personas adultas cuentan con al menos un producto financiero formal. En contraste, con una metodología distinta, el Banco Mundial⁴ estima que 47% de la población adulta en México aún está excluida financieramente. 

De acuerdo con la CNBV, la exclusión financiera y el régimen PLD/FT están vinculados por dos vías: 

1. Cuando personas o empresas no acceden al sistema financiero formal, sus operaciones se realizan en efectivo o por canales informales, sin trazabilidad ni supervisión antilavado. 
2. Una regulación demasiado estricta puede levantar barreras de acceso para sectores con bajos ingresos o sin documentación completa, generando efectos de de-risking y exclusión. 

Ante este panorama, México adoptó desde hace varios años el régimen simplificado de identificación, que permite reducir requisitos para productos y clientes de bajo riesgo, con el propósito de acercar a la población excluida al sistema financiero formal sin descuidar los controles PLD. 

Estas medidas se reflejan en el uso de cuentas simplificadas, que segmentan clientes y productos según su nivel de riesgo y permiten aplicar debida diligencia proporcional, con requisitos diferenciados de identificación y límites transaccionales claros. 

“El uso de niveles de cuenta y contratos simplificados es una herramienta estratégica para balancear la inclusión financiera y la integridad del sistema. Su éxito depende de que los sujetos supervisados integren estas cuentas dentro de sus matrices internas de riesgo, mantengan un monitoreo proporcional y cuenten con políticas claras”, se lee en el documento. 

Los riesgos 

Pese a su utilidad, la CNBV advierte que las cuentas simplificadas no están exentas de riesgos. Entre los más relevantes se encuentran: 

• Structuring o pitufeo. Aunque las cuentas simplificadas tienen límites operativos y de saldo, pueden usarse para fraccionar operaciones y evadir reportes regulatorios, convirtiéndose en incentivos para dispersar grandes sumas mediante depósitos pequeños.

• Uso por terceros o prestanombres. La flexibilidad en la identificación inicial puede permitir que una cuenta sea abierta a nombre de otra persona. Si no se verifica la identidad de forma oportuna, se rompe la trazabilidad de los fondos.

• Permanencia indefinida. Mantener por mucho tiempo clientes de alto movimiento bajo un régimen simplificado distorsiona la clasificación de riesgo. La CNBV advierte que la ausencia de procesos claros de migración o reevaluación periódica puede permitir un uso indebido del producto.

• Riesgo reputacional ante corresponsales. Un uso excesivo de cuentas simplificadas puede ser interpretado por bancos internacionales como un relajamiento de controles, lo que provocaría medidas de de-risking o pérdida de relaciones de corresponsalía. 

La receta del regulador 

Para mitigar estos riesgos, la CNBV recomienda reforzar el enfoque basado en riesgo, mantener un monitoreo constante, migrar a clientes a regímenes de mayor diligencia cuando su actividad lo amerite y usar herramientas tecnológicas —como biometría, geolocalización o cruces con registros oficiales— para fortalecer la verificación de identidad. 

También pide documentar los controles aplicados en los manuales PLD/FT, con el fin de demostrar que la inclusión no implica relajamiento, sino una aplicación proporcional y responsable de las normas antilavado. 

Con esta guía, el sector financiero tiene una nueva directriz para ampliar la inclusión sin debilitar la vigilancia. El reto está en cómo las instituciones trasladan estos principios a su operación cotidiana. El tema, sin duda, no será sencillo. 

1. Armor-AML. (s. f.). La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero. Recuperado de https://armor-aml.com/la-inclusion-financiera-el-arma-que-el-gafi-pretende-impulsar-contra-el-lavado-de-dinero/  ↩︎
2. Financial Action Task Force. (2025, 25 de febrero). FATF updates Standards and consults on guidance to better promote financial inclusion. FATF. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/update-standards-promote-financial-conclusion-feb-2025.html  ↩︎
3. FATF. (2024). Guidance on financial inclusion and anti-money laundering and terrorist financing measures. FATF. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/guidance-financial-inclusion-aml-tf-measures.html  ↩︎
4. World Bank. (2025). The Global Findex 2025. Recuperado de https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex  ↩︎