Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología.
Como sabemos, en México, desde marzo del 2018, entró en vigor la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, la cual está dirigida hacia la regulación y supervisión de dos figuras principales:
• Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).
• Las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
En la clase, el profesor en turno comentaba cómo algunas empresas de tecnología dirigida a los servicios financieros vislumbraron su futuro más allá de estas dos figuras, por lo que comenzaron a ponerse un tanto “creativas” para no estar limitadas en ciertos cajones regulatorios y tener una operación acorde a las exigencias del mercado.
Recordemos que, desde la entrada en vigor de dicha Ley, han pasado ciertos sucesos que me parece importante explicar para tener una mejor perspectiva del tema de la tecnología en los servicios financieros.
• 83 firmas autorizadas bajo la Ley Fintech, de las cuales 55 han sido IFPE y 28 IFC.
• Autorización de al menos 4 bancos con un modelo totalmente digital: Revolut, Openbank, Hey Banco y Bineo.
• Autorización de la constitución de Financiera Haai Capital como sociedad financiera popular (sofipo) en julio del 2023, luego de tres años de no autorizar ninguna institución bajo esta figura.
• Un gran número de compras, fusiones y adquisiciones de figuras reguladas, como las sofipos e incluso IFPES, tales como la adquisición de Tu Dinero Digital por parte de Farmacias del Ahorro o de la billetera Trafalgar por parte de Walmart.
Renovarse o morir, esa es la premisa ante una demanda que exige productos financieros más ágiles, transparentes y sin tanta fricción. ¿El estar en una sucursal ya no tiene sentido? Posiblemente, aunque ese sería otro debate.
En este contexto, algunas firmas se han pasado de “creativas” y han tratado impulsar modelos que al final o les genera problemas con la regulación o de plano, no son funcionales para lo que tratan de impulsar.
El Salario on demand…
Con el paso de los años, hemos visto cómo algunas empresas buscan apalancarse de alguna licencia regulada para expandir su horizonte hacia el rubro de los servicios financieros.
Sin embargo, a veces, se puede morir en el intento. Por ejemplo, existe el caso de una empresa que se denomina líder en el “salario on-demand” en México que buscó implementar un servicio financiero en su modelo de beneficios a los empleados de las empresas.
Para ello, hace algunos años, anunció con bombo y platillo la creación de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap), con el fin, primeramente, de captar recursos y posteriormente, ofrecer la posibilidad de otorgar rendimientos a las inversiones realizadas desde una aplicación móvil.
Sonaba atractivo, pues su modelo se anclaría en una socap de nivel básico, es decir que al tener activos iguales o inferiores a 2.5 millones de Udis (actualmente 20.6 millones de pesos), no requiere de la autorización ni de la supervisión de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con el paso de los años, las socaps han logrado generar un arraigo con su más 9.5 millones de socios en el país y han vivido un proceso regulatorio que les ha tomado más de 30 años formar. A diciembre pasado, existían 154 socaps autorizadas, que concentraban a poco más de 8.8 millones de socios y conformaban activos por más de 247,000 millones de pesos.
Asimismo, 264 socaps eran de nivel básico, con activos por más de 1,800 millones de pesos y atendían a poco más de 200,000 socios. Estas entidades si bien pueden realizar algunas operaciones de ahorro y préstamo, están excluidas del seguro de depósito, que cubre a cada ahorrador de una socap autorizada hasta por 25,000 Udis, es decir, hasta 206,254 pesos
A partir del 2015, las socaps de nivel básico comenzaron a ser evaluadas por el comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección de manera semestral, con el fin de conocer su estado de solvencia.
Ya explicado esto, nos encontramos con la sorpresa de que la socap básica de la firma “líder en el salario on demand“, fue evaluada y clasificada en nivel D, es decir, que tiene una situación de insolvencia, por lo que se tiene que proceder a su disolución y liquidación.
Al momento de su evaluación, la firma contaba con 1,287 socios, una sucursal y activos por 1 millón 988,000 pesos.
A pesar de esto, la firma continúa con este servicio, por lo que podemos deducir que sigue moviéndose en esa área gris de la regulación.
¿Son los únicos?
Y así, en el mundo financiero se puede encontrar todo tipo de historias. Una de las que me ha llamado la atención, es la de una empresa que intentaba potencializar su modelo de servicios financieros digitales, primero con una IFPE que no le fue autorizada y posteriormente, logró constituir una IFC, la cual fue autorizada en los términos de la Ley Fintech.
En ese inter del rechazo de su IFPE y su autorización de su IFC, la firma adquirió una sociedad financiera comunitaria (sofinco) de nivel básico para poder detonar su modelo de inversión digital.
Recordemos que las sofincos son aquellas instituciones integradas por personas físicas y morales (organizaciones económicas), dedicadas a prestar servicios financieros a sus socios y terceros en zonas rurales, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Al igual que en el sector de las socaps, las sofincos de nivel básico son aquellas que cuentan con activos que no rebasan los 2.5 millones de UDIS y no tienen la supervisión de los reguladores como tal.
Se desconoce si el modelo digital de la sofinco básica fue puesto en marcha, o si fue así, si existe todavía, pero lo que es un hecho es que, dentro de estos subsectores especializados, como el de las socaps y el de las sofincos, no fue bien visto que algunas firmas quisieran intentar integrarse en ellos bajo la bandera de la innovación, pero que en realidad querían aprovechar estas áreas grises que todavía existen en la regulación para poder detonar sus modelos de negocio.
Sabemos que actualmente, una de las fintech más grandes de América Latina busca ser banco en México, con el fin de simplificar todo el rubro de su oferta financiera en una licencia bancaria, sin necesidad de estar formando alianzas que le provocan líos con los reguladores.
Pese a iniciar este camino para ser banco, el tema de ofrecer inversiones en alianza con una casa de bolsa y la forma cómo se anuncia este servicio, no tiene nada contentos a los reguladores, especialmente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Así, México vive un boom de innovación en materia de servicios financieros, pero también ha dado paso a detonar la creatividad de muchos para aprovechar algunas lagunas regulatorias e impulsar modelos financieros. Aquí, cabe la pregunta: ¿La CNBV tendrá detectado todo esto?
