En los últimos años, el sistema financiero mexicano se volvió más complejo, especialmente por la presión internacional sobre México en temas relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En medio de ese escenario, dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) empieza a abrirse una discusión poco común en el mundo del cumplimiento antilavado: si todos los oficiales de cumplimiento deben enfrentar exactamente el mismo modelo de certificación.
La reflexión surgió recientemente a partir de declaraciones de Pedro Torres Ramírez, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B de la CNBV, quien reconoció que dentro de la autoridad ya se analiza la posibilidad de construir esquemas diferenciados de certificación o capacitación para oficiales de cumplimiento.
“Con los eventos que han pasado y todo eso, hemos pensado si amerita un tema de certificación diferencial… hay entidades más propensas al riesgo o de menor tamaño y hay entidades muy complejas”, declaró Torres Ramírez.
“Se está pensando —añadió— si hay la necesidad de hacer una especie de certificación o capacitación diferenciada”.
Actualmente, la certificación de la CNBV funciona como un requisito para oficiales de cumplimiento, auditores y otros especialistas en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro del sistema financiero. Para obtenerla, los participantes deben aprobar una evaluación sobre regulación, supervisión, enfoque basado en riesgos, financiamiento al terrorismo y estándares internacionales para recibir un certificado con vigencia de cinco años.
Bajo ese esquema, prácticamente el mismo estándar aplica para oficiales de cumplimiento de bancos, fintech, transmisores de dinero, centros cambiarios y otras entidades supervisadas por la CNBV, sin importar diferencias de tamaño, operaciones o exposición al riesgo entre entidades.
En este entorno, dentro de la propia autoridad empieza a crecer la percepción de que el nivel de complejidad no es equivalente entre todos los participantes del sistema financiero.
De acuerdo con Torres Ramírez, no enfrenta los mismos retos una entidad financiera con operaciones internacionales, atención digital, productos sofisticados y miles de clientes, que una institución pequeña con operaciones limitadas y estructuras operativas mucho más reducidas. Lo mismo ocurre entre sectores como las fintech, las sofomes o los centros cambiarios, cuyos perfiles de riesgo y capacidades operativas son distintos.
La discusión aparece además en un contexto donde la CNBV endureció progresivamente sus estándares técnicos en materia antilavado. El temario de certificación 2026 reforzó contenidos relacionados con financiamiento al terrorismo, enfoque basado en riesgos, metodologías de evaluación, propietario real, corrupción y tipologías de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En paralelo, la CNBV incrementó para este año sus acciones de supervisión y elevó el peso del enfoque basado en riesgos dentro de sus procesos internos, en un momento donde la presión internacional sobre México en temas relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo también modificó las prioridades regulatorias de los últimos años.
En ese escenario, la posibilidad de una certificación diferenciada empieza a perfilar una discusión más amplia sobre qué tipo de capacidades técnicas requieren los oficiales de cumplimiento dependiendo de la entidad donde operan.
“Ese oficial de cumplimiento debe de tener las capacidades técnicas suficientes, porque es el portero en este tema”, afirmó Torres Ramírez.
Un modelo más colaborativo
Para el funcionario de la CNBV, otro punto a reforzar es la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y sujetos supervisados en materia de PLD/FT, particularmente en temas relacionados con financiamiento al terrorismo.
“Mi carta a Santa Claus sería que exista entre autoridades una mejor coordinación, porque hay estudios, seguimiento y muchas cosas que a veces no nos compartimos toda esa información”.
Torres Ramírez también habló sobre modelos de supervisión más cercanos al enfoque basado en riesgos que operan en otros países, donde las propias entidades presentan al supervisor sus principales riesgos y controles para construir esquemas de acompañamiento y revisión más dinámicos.
“Las entidades van y exponen cuáles son sus riesgos y a partir de ahí se construye un acompañamiento con el supervisor para revisar si los controles realmente funcionan”, explicó.
El enfoque basado en riesgos ganó peso dentro de la supervisión financiera internacional en los últimos años y la CNBV comenzó a incorporarlo gradualmente tanto en regulación como en supervisión.
Con ello, el énfasis de la autoridad dejó de concentrarse únicamente en manuales o políticas internas y comenzó a enfocarse más en la capacidad real de las entidades para identificar riesgos, mitigarlos y demostrar que sus controles funcionan.
“Lo que se busca es ver qué tan efectivos son los controles, cómo identifica la entidad los riesgos, si tiene mitigantes adecuados, sistemas y personal suficiente”, señaló Torres Ramírez.
Presión técnica y baja aprobación
La posibilidad de construir certificaciones diferenciadas también abre preguntas sobre el futuro del mercado de talento especializado en PLD/FT, especialmente en un entorno donde la certificación de la CNBV mantuvo bajos niveles de aprobación en los últimos años.
De acuerdo con cifras publicadas previamente, siete de cada 10 participantes reprueban el examen antilavado de la autoridad financiera, mientras el incremento en la complejidad técnica del temario y el endurecimiento regulatorio elevaron las exigencias para oficiales de cumplimiento y especialistas del sector.
A ello se suma el costo de la certificación, que para el 2026 asciende a 17,965 pesos, así como la creciente necesidad de perfiles con conocimientos especializados en financiamiento al terrorismo, tipologías, análisis de riesgos y metodologías de supervisión.
Por ahora no existe una propuesta formal para modificar el esquema de certificación; sin embargo, las declaraciones del funcionario resultan relevantes por tratarse de uno de los pocos posicionamientos públicos recientes de la CNBV sobre temas técnicos relacionados con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un área donde la autoridad ha mantenido bajo perfil en los últimos años.
