Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque el informe final se discutirá en octubre próximo, los resultados podrían conocerse a inicios del 2027.
Actualmente, los evaluadores del organismo analizan las capacidades del país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo1, en una revisión que va mucho más allá del marco legal.
La evaluación ocurre bajo una nueva metodología adoptada en el 2022, lo que marca un cambio estructural. Durante años, los países concentraron sus esfuerzos en alinear leyes, emitir regulación y cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI, pero hoy eso ya no es suficiente. El foco está en la efectividad.
Recientemente, Isabel Vecchio, presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), lo explicó con claridad en una conversación con el especialista Juan Medrano:
“La quinta ronda tiene un enfoque de efectividad… no es solamente lo que cambió de estándar, sino lo que el país también haya cambiado… Está en cómo esas normas las llevas a ser efectivas, cómo las aplicas, cómo las implementas”.
En términos formales, el GAFI mantiene su doble lógica de evaluación: cumplimiento técnico, basado en las 40 recomendaciones, y efectividad, medida a través de 11 resultados inmediatos2. Pero en la práctica, el peso se ha movido.
Durante la visita in situ, los evaluadores —funcionarios de otros países— no se limitan a revisar documentos. Contrastan lo que el gobierno declara con evidencia concreta: estadísticas, casos, sentencias, decomisos, cooperación internacional.
El país explica su sistema, pero también lo hacen, en los hechos, el sector privado: bancos, inmobiliarias, notarios y otros actores que forman parte del engranaje antilavado.
En ese contexto, la información se convierte en prueba. No basta con afirmar que hay supervisión o que existen investigaciones, pues hay que demostrarlo.
“Una de las cosas que más pesa en la evaluación es la data, la estadística. Es fundamental que los países tengan cifras claras para poder demostrar cuántos casos tienen, cuántos reportes generan, cuántas supervisiones realizan o cuántas capacitaciones llevan a cabo. Al final, la efectividad se mide con datos, pero también con la capacidad de las instituciones para coordinarse y manejar información consistente entre ellas”, explicó Vecchio.
¿Se ha avanzado?
México no parte de cero. Tras la evaluación publicada en el 2018 y sus procesos de seguimiento, el país ha fortalecido su marco legal y regulatorio. Ha mejorado su calificación en varias recomendaciones y consolidado instituciones clave.
Según registros del GAFI, México cumple con 10 de las 40 recomendaciones y cumple en gran medida con 22. Cumple parcialmente con 7 y no cumple con una. En términos técnicos, el sistema existe3
Pero el problema está en otro lado.
La evaluación previa del GAFI identificó debilidades en los resultados: investigaciones que no se traducen en sentencias, decomisos limitados frente al tamaño del riesgo, supervisión desigual en actividades no financieras y dificultades para convertir la inteligencia financiera en procesos penales efectivos.
Esto no es un caso aislado. Un análisis de RICS Management4, basado en las primeras evaluaciones bajo la nueva metodología —Bélgica y Malasia—, muestra que estas fallas son estructurales. Los países han construido marcos sólidos, pero enfrentan problemas para hacerlos funcionar.
La brecha entre investigar y condenar aparece como uno de los puntos más críticos, junto con debilidades en beneficiario final, sanciones poco disuasivas y rezagos en la regulación de activos virtuales.
¿Dónde poner atención?
Hay áreas específicas que los evaluadores del GAFI priorizan en esta ronda:
- La capacidad de convertir investigaciones en sentencias y sanciones efectivas.
- El uso real del decomiso y la recuperación de activos.
- La identificación y verificación del beneficiario final.
- La supervisión de sectores no financieros como inmobiliario, notarial o corporativo.
- La regulación y control de activos virtuales.
Ninguno de estos puntos se resuelve solo con reformas legales.
La quinta ronda también reduce los márgenes de tiempo. El ciclo de evaluación pasa de 10 a seis años e introduce hojas de ruta con acciones concretas y plazos definidos. Como advierte el propio análisis técnico de esta nueva etapa: hay que demostrar que funciona bajo presión5.
En ese contexto, la preparación como país ante esta evaluación debe de centrarse en fortalecer las capacidades técnicas en el combate contra el lavado de dinero, lo que incluye fortalecer a los organismos involucrados en esta lucha.
“La capacitación es clave. Conocimiento y fortalecimiento de capacidades técnicas, importantísimo. Presupuesto, importantísimo. Implementación de cambios que te lleven a efectividad. Data clara, comunicación asertiva y una amplia comunicación entre el sector público y el sector privado es la clave”, indicó la presidenta del Gafilat.
Un mal escenario
Si a los evaluadores del GAFI no les convence lo presentado, un resultado adverso puede escalar hacia mecanismos de vigilancia más estrictos. En términos prácticos, eso implica el riesgo de que un país sea incluido en sus listados de jurisdicciones bajo monitoreo.
La llamada lista gris agrupa a países con deficiencias estratégicas que se comprometen a corregirlas bajo supervisión internacional. Para muchos, caer en este escenario implica mayor escrutinio y presión sobre el sistema financiero.
La lista negra, en cambio, corresponde a jurisdicciones con fallas graves que representan riesgos para el sistema financiero global. Ahí, el impacto puede escalar hacia restricciones más severas y efectos económicos más amplios.
México llega a este proceso con avances claros en el papel —incluidos cambios recientes a la Ley Antilavado—, pero con pendientes relevantes en la práctica. ¿Qué demostrarán las autoridades? ¿Qué casos relevantes serán puestos como ejemplo un sistema supuestamente efectivo?
Esta vez la calificación no depende de lo que dice la ley, sino de lo que el país puede demostrar. Y ese es, precisamente, el punto donde México ha fallado antes.
Bibliografía
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026). Comunicado No. 21: Secretaría de Hacienda coordina la visita in situ del GAFI a México en el marco de la evaluación mutua. Gobierno de México. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-secretaria-de-hacienda-coordina-la-visita-in-situ-del-gafi-a-mexico-en-el-marco-de-la-evaluacion-mutua?idiom=es ↩︎
- Financial Action Task Force. (n.d.). Effectiveness. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Effectiveness.html ↩︎
- Financial Action Task Force. (2022). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mexico follow-up report. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-mexico-2022.html ↩︎
- RICS Management. (2026). Quinta ronda de evaluaciones del GAFI: implicaciones y aprendizajes iniciales [PDF]. https://ricsmanagement.com/wp-content/uploads/2026/01/Articulo-IEM-Quinta-Ronda-Ene-2026.pdf ↩︎
- Financial Action Task Force. (2022). Fifth round mutual evaluations procedures. https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/5th-Round-Procedures.html ↩︎
