La próxima publicación de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pondrá bajo escrutinio las capacidades de México para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como las medidas que el país deberá atender para fortalecer su sistema antilavado.
En esa discusión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, ocupará un lugar relevante por sus atribuciones para analizar operaciones sospechosas y aportar información a las autoridades que investigan posibles delitos.
Desde hace años, la UIF ha ganado visibilidad por su participación en casos relacionados con presuntas operaciones ilícitas; sin embargo, para algunos, exponer demasiado a una institución de esta naturaleza puede resultar contraproducente, pues la inteligencia financiera requiere discreción.
La utilidad de la UIF va más allá de detectar movimientos sospechosos o bloquear recursos, pues consiste en reconstruir la ruta del dinero y aportar elementos que ayuden a las autoridades a esclarecer posibles delitos.
De acuerdo con cifras publicadas por El Universal, entre el 2006 y el 2026 la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 8,145 investigaciones por lavado de dinero y obtuvo 17 sentencias irrevocables, equivalentes a 0.2% del total1.
Las cifras dimensionan la distancia entre las investigaciones iniciadas y las condenas firmes, aunque no permiten atribuir ese resultado a la UIF ni conocer cuántos casos tuvieron como antecedente información de la unidad.
La pregunta es qué tan útil resulta la inteligencia financiera para conectar operaciones, identificar a quienes participan en ellas y aportar elementos que permitan sostener una investigación ante los tribunales.
La inteligencia financiera necesita algo más que facultades
Una unidad de inteligencia financiera puede recibir miles de reportes sin que cada uno represente un delito; su trabajo consiste en analizar la información, encontrar relaciones entre operaciones y personas y detectar indicios que ayuden a las autoridades a investigar posibles actividades ilícitas.
Esa es una de las ideas centrales del informe Uniendo piezas: cómo las unidades de inteligencia financiera exponen los flujos de dinero provenientes de la corrupción y cómo podrían hacer más, de Transparencia Internacional, que analiza las prácticas de estas instituciones en 20 jurisdicciones2.
“Su valor radica en su capacidad para recopilar información fragmentada y descubrir vínculos que otras autoridades tal vez no detectan”, indica el documento.
Para que el trabajo de una unidad de inteligencia tenga utilidad, explica el organismo, importan la calidad de los reportes, el acceso a bases de datos, la capacidad analítica y la cooperación con las autoridades que pueden utilizar la información en sus investigaciones.
Por ello, Transparencia Internacional recomienda publicar estadísticas sobre los recursos de estas unidades, los reportes que reciben, la información que comparten con otras autoridades y el uso que se da a sus productos de inteligencia, incluidos sus aportes a las investigaciones y los resultados judiciales.
El informe también identifica carencias en los registros de beneficiarios finales, que permiten conocer quién controla realmente una empresa. México figura entre las cuatro jurisdicciones analizadas que no contaban con un registro de este tipo en vigor, según el documento.
Menos detalle en los informes públicos
En México, los informes de la UIF muestran cambios en la presentación de sus actividades. Por ejemplo, el documento anual del 2023 incluía apartados sobre solicitudes de la Red Segura Egmont, requerimientos de la FGR, convenios con otras autoridades, reportes de retroalimentación, tipologías y capacitación, además de series históricas de distintos indicadores.
Ese año, la unidad reportó la recepción de 37 millones 234,912 reportes y avisos, así como 166 denuncias que involucraron a 1,543 personas.
A partir de esta administración, la UIF ha cambiado la forma en que presenta parte de su información. El informe de enero a septiembre del 2026 se concentra en rubros como los reportes del sistema financiero, los avisos de actividades vulnerables, las denuncias, la Lista de Personas Bloqueadas y diversos procedimientos judiciales y administrativos, sin incluir varios de los apartados que aparecían en el documento del 2023 con un nivel de detalle equivalente.
La diferencia no demuestra que la UIF haya dejado de realizar esas actividades, pero sí reduce la información disponible para seguir algunos rubros a partir de sus informes públicos.
Entre enero y septiembre del 2026, la unidad recibió 22 millones 627,542 reportes del sistema financiero y 9 millones 222,193 avisos de actividades vulnerables, además de informar de 201 denuncias contra 2,235 personas.
También reportó 301 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, aunque ese dato no permite conocer por sí solo cuántas personas fueron incorporadas ni qué recursos se encontraban en sus cuentas.
Los datos que obtuvimos por transparencia
Una solicitud de transparencia permitió conocer cifras más detalladas sobre las incorporaciones y salidas de la Lista de Personas Bloqueadas, así como las cuentas y los recursos afectados. Tras una respuesta inicial parcial y un recurso de revisión, la UIF entregó información adicional en una contestación fechada el 3 de septiembre.
La unidad informó que, entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2026, incorporó a la lista a 1,207 personas físicas y 503 personas morales, para un total de 1,710, mientras que en el mismo periodo registró la salida de ocho personas físicas y dos morales.
Además, entre el 1 de enero y el 27 de julio se bloquearon 18,499 cuentas con recursos por 5,184 millones 463,081 pesos; en ese lapso se liberaron 462 cuentas y 221 millones 252,680 pesos.
La respuesta permitió conocer el desglose de personas, cuentas y montos que no se había entregado inicialmente en los términos solicitados. Son datos que ayudan a dimensionar el alcance de los bloqueos, aunque no permiten establecer por sí solos el resultado de las investigaciones relacionadas con esos recursos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también modificó el criterio jurídico sobre los bloqueos de cuentas por parte de la UIF. El Pleno interrumpió jurisprudencias anteriores y reconoció la constitucionalidad de estas medidas en investigaciones de origen nacional cuando existen indicios razonables y suficientes de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita3.
Los resultados de la evaluación del GAFI se esperan hacia finales del 2026 o principios del 2027, una vez que concluya la revisión del informe. El organismo examinará tanto el cumplimiento de sus recomendaciones como la efectividad del sistema mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Para la UIF, el desafío no termina al detectar operaciones sospechosas o bloquear recursos. El valor de su trabajo está en seguir el rastro del dinero, relacionar transacciones y personas que a primera vista parecen inconexas y aportar las piezas que permitan a los investigadores construir casos sólidos contra el lavado de dinero.
- El Universal. (2026, 18 de octubre). En 20 años, 17 sentencias por lavado de dinero.
https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/en-20-anos-17-sentencias-por-lavadode-dinero/ ↩︎ - Transparencia Mexicana. (2026, 21 de septiembre). Plantea Transparencia Mexicana fortalecer a la UIF en materia anticorrupción. https://tm.org.mx/2026/09/21/plantea-transparencia-mexicanafortalecer-a-la-uif-en-materia-anticorrupcion/ ↩︎
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2026, 12 de agosto). La Suprema Corte garantiza la propiedad de los ahorros para el retiro y brinda certeza jurídica sobre el bloqueo de cuentas bancarias por la UIF [Comunicado de prensa No. 114/2026].
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8534 ↩︎
