Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings.
Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de una firma llamada Black WallStreet Capital es parte de una historia que involucraría al narcotráfico, el trading de criptomonedas e incluso hasta una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El miércoles pasado, la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en las instalaciones de la firma Black Wallstreet Capital, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, en el inmueble se aseguraron armas cortas y largas, moneda extranjera, así como estupefacientes, además de que se logró la detención de cinco hombres, algunos de nacionalidad extranjera.
“Se trata de un inmueble localizado en la colonia Anzures, en el que se encuentran instaladas oficinas, en las que se ofrecen servicios de asesoría para inversionistas”,
informó la fiscalía capitalina.
Pero esta acción de las autoridades podría tener un trasfondo mayor. De acuerdo con CNBV, la firma Black Wallstreet Capital cuenta con registro bajo la figura de Asesor de Inversión, misma que está regulada y supervisada por esta autoridad.
Según los registros de la autoridad financiera, esta firma está autorizada para brindar dos tipos de servicios:
- Proporcionar de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores, tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros.
- Otorgar de manera habitual y profesional asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada.
De acuerdo con la CNBV, los asesores en inversiones son personas físicas y morales que sin ser intermediarios del mercado de valores, proporcionan de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores.
Al ser una entidad regulada y supervisada por la CNBV, la firma debe de tener políticas de prevención de lavado de dinero. La vigilancia de estas firmas recae en la vicepresidencia de Supervisión Bursátil de dicha autoridad.
El apoderado legal de la firma, que cuenta con registro desde el 23 de noviembre del 2016, es Juan Carlos Minero Alonso, uno de los detenidos en el cateo de las autoridades.
Fue en el 2015 cuando Minero Alonso junto con Guillermo Arturo Delgado Olguín, registraron la marca de Black WallStreet Capital ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Según el registro consultado en el IMPI, los productos o servicios de esta firma serían los seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y los negocios inmobiliarios.
El mundo de criptomonedas
Otro de los detenidos en dicho cateo es Juan Carlos Reynoso, de nacionalidad peruana, y quien se promocionaba como un empresario millonario. Este personaje presuntamente forma parte de un esquema piramidal de criptomonedas que ha llegado a distintas partes de América Latina y del mundo.
Según un reportaje del periódico El Colombiano, Reynoso, también exgerente de WellsFargo, es gerente para América Latina de OmegaPro, una firma señalada en distintos países de fraude por operaciones con criptomonedas, lo cual ha alertado a las autoridades de esas naciones.
En Colombia, según Bloomberg, serían 280 las personas afectadas por OmegaPro, con pérdidas que pueden superar los 280,000 millones de pesos colombianos, pero su alcance podría ser mayor al registrarse casos en Chile, España y, por supuesto, México.
Con el logo “Alcanza tu libertad financiera”, a lado de una imagen de Bitcoin, Reynoso aparecía en promocionales de OmegaPro que se instalaron en distintos puntos de la ciudad, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Movimientos antes de la tragedia
Según expedientes encontrados en el Registro Público de Comercio, los principales directivos de Black WallStreet Capital están asociados a otras empresas, de las cuales se conoce poco de ellas.
Por ejemplo, en el 2021, Minero Alonso, junto con Alonso José Raúl Alverdi Benavides constituyeron Comercializadora Alvmin. El objeto de esta firma es la compraventa de toda clase de bienes, mercaderías y productos en general; el establecimiento y explotación del servicio público de autotransporte de carga; obras de construcción de infraestructura pública; contratación y arrendamiento de maquinaría para la construcción, entre otras.
La dirección de esta empresa es la misma de Black WallStreet Capital, donde se realizó el cateo la semana pasada.
Asimismo, el 27 de febrero de este año, Minero Alonso y Delgado Olguín, quienes crearon Black WallStreet Capital, constituyeron la firma Reymindel Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Dentro de los objetos sociales de esta firma está el de la adquisición, enajenación, custodia y cualesquiera otros actos jurídicos de todo tipo de acciones, certificados de participación, bonos obligaciones, partes sociales y toda clase de títulos valores, emitidos por cualquier clase de sociedad mercantil o civil, nacional o extranjera.
Otro de sus objetivos es la prestación de manera habitual y profesional de servicios de administración de cartera de valores y la prestación de servicios en materia administrativa, gestoría, asesoría y administración de portafolios de inversión. Es decir, la misma actividad de Black WallStreet Capital.
El rompecabezas comienza a formarse; sin embargo, todavía hay cuestionamientos importantes al respecto, como si la CNBV había detectado alguna anomalía en la firma Black WallStreet Capital o cuál es la relación entre esta empresa y OmegaPro.
Por lo tanto, los cinco detenidos se encuentran a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se les presume inocentes hasta que no se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. ¿Cuál será el final de esta historia?
Fuente El Economista