De acuerdo con la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014 publicada por la consultora internacional PwC una de cada tres empresas señaló haber sido víctima de algún delito de tipo económico.
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política. El arte de la delincuencia organizada internacional, Debate, México, 2015) es un fenómeno que está creciendo considerablemente en los países desarrollados y, en particular, el delito cibernético, que: “consiste en aquellos tipos de actos en que claramente se aprecia la relación entre el uso de la tecnología informática mediante computadoras y servidores y la apropiación ilegal de información valiosa por parte de la delincuencia organizada. Estos crímenes incluyen extorsiones, fraudes y robos masivos de identidades personales; Estados Unidos y Reino Unido son dos de los países más amenazados por esta problemática. En este marco, el delito cibernético le costó a las empresas estadounidenses 12 700 millones de dólares, 9% más que en 2013. Además, cada vez es más difícil contrarrestarlos: el tiempo promedio para que una investigación policial los resuelva fue de 45 días en 2014, 13 más que el año anterior”. Asimismo, el autor asevera algunos informes aseveran que el cibercrimen deja más ganancias que el tráfico mundial de marihuana, cocaína y heroína combinados.
No cabe duda que parte importante del cibercrimen deriva en lavado de dinero. Así las cosas, la pregunta obligada en qué hacer contra este fenómeno criminal. En su obra Buscaglia propone “la formación de unidades regionales de investigación patrimonial, emulando el ejemplo que ha venido mostrando Europol (Oficina Europea de Policía) con su Centro Europeo contra el Cibercrimen, inaugurado en el 2013”. En México la propuesta de Buscaglia es ya una realidad desde hace casi tres años. En abril de 2013 inició operaciones la división de policía cibernética en la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad.
De acuerdo con el programa “Las respuestas de la ciencia” los delitos cibernéticos más comunes en México son: falsificación, fraude, pornografía infantil, delitos contra la propiedad intelectual, etcétera; asimismo, la información más vulnerable son cuentas bancarias, tarjetas de crédito e identidades. Los estados en que más crímenes cibernéticos se cometen son Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México y Baja California y el 78% de las empresas mexicanas ha sido víctima de algún delito cibernético.
Al leer el libro de Buscaglia y revisar la información sobre la policía cibernética y el cibercrimen en México me ha surgido una pregunta ¿es el fraude un delito cibernético? La respuesta del derecho es no. El fraude es un delito patrimonial que, en nuestros días, puede ser cometido por medio de la tecnología. De esta manera, la tecnología (correo electrónico o redes sociales) se utiliza como medio comisivo pero el delito de fraude no es un crimen cibernético sino patrimonial. Me parece que lo mismo sucede con el resto de los delitos que pueden cometerse por medio de la tecnología. El lavado de dinero también se puede cometer a través de transferencias electrónicas de bienes que provengan de delitos pero esto no lo convierte en un delito cibernético.
La claridad de los conceptos es fundamental para el derecho y útil para el combate al crimen.
Dra. Angélica Ortiz
Doctora Suma Cum Laude en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Directora de la firma DRA. ANGÉLICA ORTIZ especializada en cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero y litigio financiero.