Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto lavado de dinero contra el candidato presidencial Samuel García. La indagatoria está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
El caso tiene como antecedente el comunicado de prensa 171/21 emitido por la FGR el 10 de mayo de 2021. En dicho comunicado, se informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió «denuncias diversas» contra García, quien en ese momento era candidato a gobernador de Nuevo León. Las denuncias incluían informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, relacionadas con presuntos ilícitos contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito, utilizados de manera ilegal para fines electorales.
Según documentos de la unidad especializada en lavado, la investigación sigue en curso, y hasta el momento no se ha establecido la legalidad de las operaciones financieras del exgobernador García, así como de otras personas señaladas en el caso, incluyendo a su padre Samuel Orlando García Mascorro, la esposa del mandatario Mariana Rodríguez Cantú, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, y las empresas Grupo Mascorro Abogados Firma Jurídica, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, Grupo Renok y Fiuset Service.
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