El Departamento de Estado incluye a 39 personalidades del mundo de la política, del poder judicial e, inclusive, de la academia.

Washington. Cerca de 40 personalidades de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces, engrosan el último reporte de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos para esos países de Centroamérica, difundido este miércoles.

Son «individuos que han participado con conocimiento de causa en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción de investigaciones», informó ayer el Departamento de Estado en un comunicado.

Este año ha añadido 39 nombres, 21 menos que en 2022. Se trata de 10 guatemaltecos, otros tantos hondureños, 13 nicaragüenses y seis salvadoreños.

A la relación, conocida como lista Engel, por su creador, el congresista Eliot Engel, fueron sumados los exmandatarios salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez (2014-2019), a los que Washington liga con actos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Tanto Funes como Sánchez, que han sido objeto de procesos judiciales en El Salvador, viven en Nicaragua, tras recibir la nacionalidad del gobierno de Daniel Ortega, por lo que no pueden ser extraditados.

La corrupción, una de las causas fundamentales de la migración irregular, perjudica nuestra seguridad nacional», dijo en su cuenta de Twitter Brian Nichols, encargado de América Latina en el Departamento del Estado, al compartir el informe.

Entre los guatemaltecos está Fredy Orellana, juez que ha puesto en riesgo la participación del candidato Bernardo Arévalo en el balotaje de las elecciones presidenciales de agosto, al dictar la suspensión de su partido, Semilla, y que ordenó el allanamiento del registro del Tribunal Supremo Electoral.

También aparecen jueces y fiscales de Guatemala que han perseguido a periodistas, así como el actual rector de la universidad pública, Walter Mazariegos, acusado de manipular las elecciones en esa casa de estudios.

En el listado hay varios exfuncionarios hondureños del gobierno de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por sus lazos con el narcotráfico, políticos del opositor Partido Liberal, como Yani Rosenthal, líder de ese grupo y exconvicto en el país norteamericano por lavado de dinero. También aparece el alcalde de El Progreso Alexander López Orellana.

De Nicaragua se incluye a toda la cúpula del parlamento, a excepción de su presidente, que ya había sido sancionado por Washington, a la procuradora del Estado, Wendy Morales, a jueces y a directivos de la Unidad de Análisis Financiero, encargada de perseguir el lavado dinero en el país.

Giammattei, en contra

Una de las primeras reacciones frente a la publicación de la lista Engel fue el gobierno de Guatemala.

Según el Gobierno, la lista es “una herramienta deleznable” que Estados Unidos utiliza para “imponer su jurisdicción a personas en el extranjero” y que “perjudica los derechos humanos de los señalados”.