En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. 

Desde hace años, distintas organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés)¹ y la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés)² han buscado poner en el centro del debate la importancia de interrumpir los flujos financieros provenientes de los delitos ambientales. 

Si bien este esfuerzo es loable, en México parece haber una gran deuda al respecto, especialmente por el crecimiento de estos ilícitos y la aparente falta de coordinación entre autoridades para seguir un aspecto clave: las ganancias. 

Según estimaciones de la Interpol, citadas por el GAFI³, los delitos ambientales generan entre 111,000 millones y 281,000 millones de dólares cada año a nivel global. “Por lo general, los delitos ambientales se cometen en países en desarrollo y de ingresos medios que son ricos en recursos”, se lee en un informe reciente del mismo organismo, hoy presidido por la mexicana Elisa de Anda Madrazo. 

¿Pero cómo se lavan las ganancias? 

De acuerdo con el GAFI, los delincuentes especializados en delitos ambientales se valen de redes especializadas para trasladar los productos y facilitar los flujos financieros, mediante diversos métodos:

Uso de empresas fachada o de papel 

• Creación de compañías ficticias para justificar ingresos ilícitos como si fueran legales. 
• Estas empresas operan en sectores legítimos como transporte, comercio o servicios. 

Mezcla de fondos lícitos e ilícitos 

• Se combinan ingresos legales con ganancias ilegales, como las provenientes del tráfico de madera o la minería ilegal. 
• Frecuente en negocios intensivos en efectivo, como mercados agrícolas o artesanías. 

Manipulación de facturas y precios 

• Facturas falsas o infladas para justificar transferencias. 
• Subvaluación o sobrevaluación de bienes como forma de ocultar su verdadero valor. 

Contrabando de efectivo 

• Transporte físico de grandes sumas de dinero para evitar su rastro bancario. 

Uso de cuentas personales y empresas relacionadas 

• Depósitos fragmentados (“smurfing”) y transferencias entre cuentas que no coinciden con el perfil del titular. 

Transacciones internacionales complejas 

• Envío de fondos a jurisdicciones con escasa regulación o secreto bancario, a menudo con intermediarios offshore. 

Inversiones en bienes de alto valor 

• Compra de inmuebles, joyas, arte o vehículos de lujo, a veces mediante testaferros. 

Blanqueo a través de cadenas de suministro legales 

• Inserción de productos ilegales (como madera o minerales) en flujos comerciales legítimos. 

Sistemas informales de transferencia de valor 

• Uso de redes no bancarias, como hawala o remesas informales, común en zonas con baja bancarización. 

¿Y en México? 

El pasado 22 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el aseguramiento de 73 biznagas y dos ejemplares de fauna silvestre: una araña y un escorpión⁴. 

Sin embargo, esta noticia podría ser solo una gota en el océano de la actividad criminal ambiental en el país. 

En este contexto, fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confiaron a este periodista que al interior de la dependencia se han encendido las alarmas por el aumento de ciertos ilícitos, tales como: 

• Tala ilegal. 
• Minería ilegal. 
• Huachicoleo de agua. 
• Huachicoleo de gasolina. 

De acuerdo con las fuentes, la información al respecto se ha compartido con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque para las autoridades no es un fenómeno nuevo, sí preocupa la intensificación de estas actividades en regiones específicas. 

En la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos 2023⁵, los delitos ambientales apenas se mencionan. El documento reconoce la existencia de actividades criminales como la tala clandestina, la explotación de recursos mineros y la pesca ilegal. 

Además, refiere esfuerzos de la Profepa para atacar el tráfico de totoaba, que se trafica a Corea del Sur, China y Japón.

Con una nueva revisión del GAFI en puerta, urge que las autoridades financieras presenten una estrategia clara sobre cómo combatir los delitos ambientales desde la perspectiva del dinero, porque ahí es donde más duele al crimen organizado.  

1. S/f). Fatf-gafi.org. Recuperado el 24 de julio de 2025, de https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Environmentalcrime/Environmental-crime.html  ↩︎
2. Yansura, J. (2024, 24 junio). In Brief: About FACT’s Work on Environmental Crime and Illicit Finance. The FACT Coalition. https://thefactcoalition.org/in-brief-about-facts-work-on-environmental-crime-and-illicit-finance/  ↩︎
3. (S/f-b). Fatf-gafi.org. Recuperado el 24 de julio de 2025, de https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Spanish-Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf  ↩︎
4. De Proteccion Al Ambiente, P. F. (s. f.). Asegura Profepa 73 biznagas y 2 ejemplares de fauna silvestre en paquetería de San Luis Potosí. gob.mx. https://www.gob.mx/profepa/prensa/asegura-profepa-73-biznagas-y-2-ejemplares-de-fauna-silvestre-en-paqueteria-de-san-luis-potosi?state=published  ↩︎
5. (S/f-c). Gob.mx. Recuperado el 24 de julio de 2025, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873856/ENR_2023_P_blica_19102023_Final.pdf  ↩︎