El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y violencia sistemática. 

Esta acción del gobierno estadounidense, particularmente de la administración de Donald Trump, está enfocada en atacar las estructuras de los siguientes grupos criminales. 

• Cártel de Sinaloa. 
• Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
• Cártel del Noreste. 
• La Nueva Familia Michoacana. 
• Cártel del Golfo. 
• Cárteles Unidos. 

Además, organizaciones de otros países, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, también fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs). 

A partir de dicha designación, el mundo del cumplimiento ha ido más rápido que de costumbre. Me explico: El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ya presentó los primeros cargos por “apoyo material” contra presuntos integrantes de algunas organizaciones señaladas, apenas semanas después de la designación oficial por parte del gobierno de Donald Trump. 

De acuerdo con un análisis reciente de la firma White & Case¹, el DOJ ha aplicado por primera vez el artículo 18 USC § 2339B, que prohíbe brindar cualquier tipo de apoyo —financiero, logístico o humano— a organizaciones catalogadas como FTOs. En este contexto, al menos tres acusaciones formales han sido presentadas en cortes federales estadounidenses. 

“El Departamento de Justicia está persiguiendo agresivamente los casos penales relacionados con las designaciones y cualquier conducta, corporativa o individual, que pueda violar las leyes aplicables”, destaca el análisis de la prestigiosa firma. 

Primeros casos 

En su análisis, White & Case hace una sinopsis de los casos que ha presentado el Departamento de Jusiticia de los Estados Unidos relacionados con la designación de febrero pasado. 

Uno de los primeros expedientes judiciales fue presentado el 23 de abril en Texas², donde un presunto integrante del Tren de Aragua fue acusado por “conspiración para proporcionar personal y servicios” a una FTO. 

Posteriormente, el 13 de mayo, fiscales federales en California imputaron cargos a seis supuestos miembros del Cártel de Sinaloa³ por conspiración para distribuir fentanilo y proveer “recursos materiales” a una organización terrorista. 

Días más tarde, el 16 de mayo, otra acusación en Texas apuntó a una mujer acusada de brindar apoyo logístico al CJNG, incluyendo el suministro de granadas y reclutamiento de personal, además de cargos por tráfico de personas⁴. 

Estos procesos son una clara señal del enfoque que está adoptando el DOJ, el cual ha eliminado la necesidad de aprobaciones internas previas para presentar este tipo de cargos, lo que ha significado una descentralización de las decisiones en los fiscales federales a lo largo de Estados Unidos. 

¿Nuevo riesgo para las empresas? 

Si bien estas acciones han sido dirigidas hasta ahora a individuos, los especialistas de White & Case consideran que el verdadero punto de inflexión vendrá cuando el DOJ comience a investigar a empresas que, voluntaria o involuntariamente, hayan brindado servicios o transferencias a cárteles actualmente considerados entidades terroristas. (Revisar temas de cobro de derecho de piso) 

“Las empresas deben actuar ahora para asegurarse de contar con programas de cumplimiento sólidos y efectivos para evitar violar la ley estadounidense.”, advierte White & Case. La firma subraya que el riesgo no solo aplica a individuos directamente vinculados a los grupos criminales, sino también a entidades que hayan procesado pagos o facilitado actividades económicas con dichos grupos. 

Es importante puntualizar que el riesgo es particularmente alto para empresas mexicanas con operaciones transfronterizas o aquellas con exposición a regiones donde estas organizaciones ejercen control territorial. Esto incluye sectores como logística, agroindustria, minería, transporte y financiero, entre otros. 

Precedentes claros 

Los casos de Chiquita Brands y Lafarge —multinacionales que enfrentaron sanciones en Estados Unidos por pagar a grupos armados en Colombia y Siria, respectivamente— establecen un precedente que podría aplicarse ahora al contexto mexicano. En ambos casos, las empresas fueron sancionadas por brindar apoyo económico a organizaciones terroristas designadas por el Departamento de Estado. 

De acuerdo con White & Case, el estatuto es de aplicación extraterritorial si el acusado es ciudadano estadounidense o si el crimen tiene conexión con el sistema financiero estadounidense. Esto implica que incluso si los hechos ocurren fuera de territorio estadounidense, el uso de bancos, pagos en dólares o presencia corporativa en Estados Unidos pueden bastar para que las autoridades tengan jurisdicción. 

Un incentivo a la denuncia 

En paralelo, destaca White & Case, el DOJ ha reforzado su programa piloto de recompensas corporativas, ofreciendo hasta 50 millones de dólares a empleados o colaboradores que denuncien actos de apoyo a FTOs por parte de empresas. El objetivo es claro: fomentar las denuncias internas antes de que el gobierno tenga que intervenir. 

Este mecanismo plantea un nuevo incentivo para empleados y ejecutivos que tengan conocimiento de pagos irregulares a grupos del crimen organizado, y podría anticipar un aumento en las investigaciones internas en empresas con riesgo operativo en zonas controladas por estos grupos. 

¿Qué deben hacer las empresas? 

Ante este escenario, las recomendaciones de la firma legal apuntan a: 

• Realizar evaluaciones de riesgos para identificar áreas de la operación comercial que presenten alto riesgo. 
• Implementar procedimientos estrictos de conocimiento de sus clientes y de terceros, verificación de antecedentes y gestión. 
• Fortalecimiento de los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de las sanciones. 
• Brindar capacitación a empleados en áreas de alto riesgo, geográfico o de otro tipo, en todos los niveles de la operación, sobre cómo identificar señales de alerta y brindar orientación sobre cómo gestionar y cuándo escalar los riesgos relacionados con cárteles y TCO. 
• Garantizar que las estructuras de informes internos sean sólidas y eficaces. 
• Trabajar con contrapartes, prestamistas y bancos corresponsales para anticiparse a consideraciones de reducción de riesgos. 
• Establecer protocolos para manejar demandas de cárteles, solicitudes del gobierno de Estados Unidos y consultas de terceros. 
• Trabajar con reguladores locales y estadounidenses para mitigar y gestionar los riesgos relacionados con los cárteles y los TCO, y para abordar cualquier conflicto de leyes. 
• Consultar con un abogado según corresponda. 

Lo que antes era un asunto de seguridad ahora es también un riesgo legal y financiero de alto impacto, especialmente para grupos empresariales con exposición binacional. El mensaje del DOJ es claro: el crimen organizado no solo es un problema de seguridad pública, sino también un asunto de terrorismo internacional.

¿O usted que opina?

Bibliografía:

1. DOJ Already Filing Material Support Charges After Designating Cartels as Foreign Terrorist Organizations. (2025, 4 junio). White & Case LLP International Law Firm, Global Law Practice. https://www.whitecase.com/insight-alert/doj-already-filing-material-support-charges-after-designating-cartels-foreign  ↩︎
2. High-Ranking Tren de Aragua Member in Custody on Terrorism and. (2025, 30 abril). https://www.justice.gov/opa/pr/high-ranking-tren-de-aragua-member-custody-terrorism-and-international-drug-distribution  ↩︎
3. Sinaloa Cartel Leaders Charged with Narco-Terrorism, Material Support. (2025, 13 mayo). https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/sinaloa-cartel-leaders-charged-narco-terrorism-material-support-terrorism-and-drug-0  ↩︎
4. Mexican National and Alleged Alien Smuggler Indicted on First Material. (2025, 9 junio). https://www.justice.gov/opa/pr/mexican-national-and-alleged-alien-smuggler-indicted-first-material-support-terrorism  ↩︎