Las criptomonedas dejaron de ser un asunto de nicho para convertirse en el foco de las autoridades antilavado en el mundo, especialmente en América Latina. Mientras a nivel global se debate cómo regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, México enfrenta una realidad: solo en el primer semestre del 2025, las operaciones con activos virtuales generaron más de 4 millones de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cifra más alta entre todas las actividades vulnerables previstas en la Ley Antilavado. 

El informe semestral de la UIF1¹ muestra que, de enero a junio de este año, se recibieron 8 millones 497,880 avisos en total, de los cuales 47.9% corresponde a operaciones con activos virtuales. Muy por debajo aparecen otras actividades como el uso de tarjetas, el traslado de valores, el sector inmobiliario o los juegos y sorteos. 

Los datos locales coinciden con las preocupaciones regionales. En su evaluación sectorial del 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)2² advirtió que los activos virtuales representan un riesgo significativo de lavado de dinero. Aunque el financiamiento al terrorismo mantiene un nivel bajo de amenaza, la vulnerabilidad de los marcos regulatorios y la limitada capacidad institucional en la región elevan el riesgo a un nivel medio. 

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran: • Fraudes y estafas mediante esquemas piramidales o falsas inversiones. • Ataques cibernéticos y ransomware, con criptomonedas como medio de pago. • Uso de mixers y servicios anónimos para ocultar el origen de fondos. • Operaciones en la dark web asociadas al comercio ilícito. • Narcotráfico, mediante conversión de ganancias ilícitas en criptoactivos. • Trata de personas, con transferencias difíciles de rastrear. • Defraudación fiscal mediante evasión en pagos y transferencias transfronterizas. • Corrupción, al ocultar desvíos de recursos públicos en criptomonedas. 

El organismo también identificó como vulnerabilidades la falta de capacitación en autoridades y empresas, la disparidad normativa, la carencia de infraestructura tecnológica para análisis de blockchain y la insuficiente supervisión a proveedores de servicios de activos virtuales. El riesgo fue calificado como muy alto en operaciones ligadas a fraude, estafas y narcotráfico; alto en trata de personas; y medio en defraudación fiscal, corrupción, mezcladores y dark web. 

Frente a este panorama, el GAFILAT recomendó reforzar la capacitación de supervisores, fortalecer los marcos sancionatorios, implementar sistemas automatizados de monitoreo, exigir la identificación de beneficiarios finales y garantizar una mayor cooperación con el sector financiero. 

México aprieta la Ley Antilavado 

En este escenario, México recogió estas observaciones y, en julio de 2025, aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado3³. En un webinar previo a su aprobación4⁴, especialistas de Legal & Compliance Advisors explicaron que el objetivo central es homologar las obligaciones de las actividades vulnerables con las del sector financiero. Entre los cambios más relevantes destacaron: 

• Designación formal de oficiales de cumplimiento con experiencia acreditada. • Auditorías anuales, internas o externas. • Implementación obligatoria de sistemas automatizados de monitoreo. • Capacitación anual a los equipos de cumplimiento. • Identificación de beneficiarios finales y personas políticamente expuestas (PEP). • Reportes de operaciones sospechosas en plazos de 24 horas. • Medidas de protección a la identidad de los oficiales de cumplimiento, ante riesgos de extorsión. 

“Una de las cosas que me llaman la atención es que el oficial de cumplimiento esté formalmente designado y sobre todo que tenga que acreditar experiencia. Eso fue la antesala en el sector financiero para que después le pidieran una certificación, que ahorita ya tenemos, aunque no es obligatoria. También se les pide implementar sistemas automatizados para monitorear todas las transacciones, programas de capacitación anuales e identificar a las personas políticamente expuestas y al beneficiario controlador. Básicamente se busca poner el piso parejo con el sector financiero”, explicó Jorge Tavares, founding partner en Legal & Compliance Advisors. 

En un análisis del despacho Pérez de Acha Ibarra de Rueda5⁵ se agregó un elemento central: la reducción de los umbrales para avisos en operaciones con activos virtuales. Antes, cuando una operación rebasaba el umbral de 645 UMAs (72,900 pesos), se detonaba la obligación de reportar. Con la reforma, ese límite bajó a 210 UMAs (23,759 pesos) y, además, cualquier transacción que genere comisiones iguales o superiores a 4 UMAs (452 pesos) debe notificarse, sin importar su monto total. 

Estos ajustes multiplican el número de operaciones sujetas a reporte y obligan a las plataformas a reforzar sus sistemas de monitoreo. Incluso operaciones menores ahora pueden detonar avisos regulatorios, lo que incrementa los costos de cumplimiento y exige procesos más sofisticados. 

El endurecimiento ocurre en un momento estratégico: México será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)6⁶ contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en la quinta ronda de evaluaciones mutuas. Si bien las reformas buscan atender las recomendaciones internacionales, aún quedan aspectos pendientes como la integración de criterios fiscales al marco de prevención y un análisis más profundo sobre la conveniencia de permitir una mayor interacción entre los activos virtuales y el sistema financiero formal. 

El verdadero reto será de fondo: demostrar capacidad regulatoria sin frenar la innovación, en un entorno donde la supervisión internacional será más estricta que nunca. 

1. Unidad de Inteligencia Financiera. (julio 2025). Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera: enero–junio de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1006628/Informe_Junio_2025.pdf  ↩︎
2. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. (julio 2025). Evaluación sectorial de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales de los países del GAFILAT. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2025/08/EvaluacionsectorialderiesgosdeAVyPSAVregionaldelGAFILAT.pdf  ↩︎
3. Diario Oficial de la Federación. (16 de julio de 2025). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763161&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0  ↩︎
4. Legal & Compliance Advisors. (2025, junio). Nueva Ley Antilavado y su impacto al ecosistema cripto [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wRCAjs-L75w  ↩︎
5. PDEA México. (30 de junio de 2025). Se aprueban nuevas reformas a la Ley Antilavado. PDEA México. https://pdea.mx/nuevas-reformas-a-ley-antilavado/  ↩︎
6. Financial Action Task Force. (2025). Global assessment calendar: Fifth round of mutual evaluations. FATF. Recuperado de https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/assessments.html#5th  ↩︎