Hemos superado ya los siete años desde que se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como la Ley Fintech. La realidad es que estamos más cerca de la década de esta iniciativa, con resultados interesantes, no sólo en temas de autorizaciones, sino también en la supervisión que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con todo el desastre en el que se convirtió en los últimos años. 

Hemos conseguido cifras exclusivas de cómo ha sido el proceso de vigilancia del sector fintech y, si bien hay resultados interesantes, es necesario mencionar el contexto para dimensionar los números. 

La Ley Fintech fue publicada en marzo del 2018 con la promesa de democratizar los servicios financieros en el país. Su enfoque, basado en regular dos figuras principales —las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (IFPE) y las de Financiamiento Colectivo (IFC)—, además de los modelos novedosos y el tema cripto, ha servido para formar un mercado joven, con mucho potencial, pero también en constante reconfiguración. 

Podríamos detenernos en analizar cómo se transitó del discurso de los emprendedores de hacerles una lucha feroz a los bancos a un relajamiento en el tono al grado que varios de ellos ahora han apostado por la licencia bancaria para continuar con su modelo de negocio; sin embargo, eso lo haremos después. 

Hasta el momento, este es el resultado del proceso de autorización: 

 · 88 Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) autorizadas. 

· 61 corresponden a IFPE. 

· 27 a IFC.

· 808 días es el promedio de autorización; 760 para IFPE y 910 para IFC.

 Un proceso de autorización complejo, con muchas entidades rechazadas y otras tuvieron que dejar hasta el hígado para que su solicitud fuera favorable. Pero insisto, ya habrá tiempo de hablar de esto, ya que ahora lo que nos interesa es: ¿y qué ha pasado en todo este tiempo con la supervisión? 

Información en poder de este periodista, indica que contrario a lo que plasmé en El Economista en febrero del 2024

(https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Desde-la-entrada-en-vigor-de-la-Ley-Fintech-la-CNBV-ha-supervisado-a-25-firmas-autorizadas-20240228-0095.html), la vigilancia hacia este sector, uno de los más jóvenes del sistema financiero mexicano, se ha incrementado sustancialmente. 

Fue en febrero del 2022 cuando se publicó el reglamento interno actual de la CNBV, que dio paso a la creación de la Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera (DGSITF). En agosto del 2023, esta área pasó de la Vicepresidencia Técnica del organismo a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B. 

La importancia de la supervisión sobre las ITF radica en los riesgos detectados, que dieron origen a la iniciativa y la posterior aprobación de la Ley Fintech: 

· Falta de certeza jurídica. 

· Régimen fiscal incierto. 

· Falta de autorización y supervisión. 

· Potencial riesgo sistémico y de contagio. 

· Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

· Falta de protección al usuario. 

Así, los resultados de supervisión a más de siete años de la ley son los siguientes: 

Supervisión Operativa, Financiera y Administrativa • Periodo considerado: del 28 de febrero de 2022 al 3 de marzo de 2025 (a partir de la entrada en vigor del Reglamento Interior de la CNBV). • Entidades supervisadas: 65 (42 IFPE y 23 IFC). • Resultados: 230 observaciones, 106 recomendaciones y 130 medidas correctivas. • Nota: la DGSITF aclara que su ámbito no incluye revisiones de seguridad de la información o riesgos tecnológicos, que corresponden a otras áreas de la CNBV. 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo • Entidades supervisadas: 35 (21 IFPE y 14 IFC). • Criterio de supervisión: enfoque basado en riesgos, conforme al Reglamento Interior de la CNBV. • Resultados: 440 observaciones (290 de visitas ordinarias y 150 de vigilancia reforzada), 201 recomendaciones (135 ordinarias y 66 reforzadas) y 539 medidas correctivas (373 de visitas y 166 reforzadas). • Nota: la información corresponde únicamente a ejercicios de supervisión concluidos. 

Si bien, todavía hay instituciones que no han recibido una visita de la autoridad, el avance es sustancial con 74% del universo autorizado supervisado en temas operativos y financieros, así como 40% en cuestiones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En conjunto, se registran 670 observaciones, 307 recomendaciones, 669 medidas correctivas, para un total de 1,646 acciones documentadas entre el 2022 y el 2025. 

El Talón de Aquiles 

Con estos números, lo ideal sería que también el tema se reflejara en sanciones; sin embargo, esta es la gran deuda pendiente y una de las tareas que deberá encuadrar Ángel Cabrera como presidente de la CNBV. 

Del 2018 al 14 de octubre del 2025, la autoridad ha publicado 42 sanciones por un total de 68.4 millones de pesos, especialmente por uso indebido de términos asociados a entidades reguladas, la continuación de operaciones sin autorización, difusión de información engañosa o incumplir obligaciones técnicas como la habilitación de APIs. 

La mayoría de las sanciones no es por hallazgos operativos o financieros, o incluso por infringir las normas antilavado, lo que confirma que la supervisión y el régimen sancionador operan como universos distintos dentro de la CNBV. Más aún, en los últimos dos años se han publicado apenas cuatro sanciones por infringir la Ley Fintech. ¿Dónde están las sanciones a todas esas instituciones de crowdfunding piratas? 

El reto no es menor: la CNBV continúa con la fuga de talento y en el área fintech también ha habido bajas importantes recientes. Cabrera tiene la misión de hacerse del equipo técnico especializado para que la supervisión sea eficiente, no sólo en números, sino en resultados cualitativos, tanto por protección del sistema financiero como por certeza al usuario. ¿O queremos otro señalamiento que indique debilidad institucional?