Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la que fue detenido en el año 2019, al considerar que no existe delito qué perseguir.
Fuentes judiciales confirmaron que hoy el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, celebró una audiencia a la que Collado compareció por videoconferencia, para resolver el incidente de sobreseimiento presentado por la defensa de quien fuera el abogado de Enrique Peña Nieto.
En este incidente, la defensa de Collado argumentó que, debido a que en diciembre pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la Ciudad de México absolvió al coacusado de su cliente en el caso de Cajas Libertad, José Antonio Rico Rico, el criterio debía ser aplicado para favorecer a su representado.
En consecuencia, el juez consideró que, debido a que Rico Rico fue absuelto de los cargos, los 24 millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Juan Collado obtuvo de manera ilícita y que intentó blanquear en el sistema financiero, en realidad tienen un origen lícito.
Así, el juzgador aplicó la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que el sobreseimiento de una causa penal procede cuando el hecho cometido no constituye un delito.
José Antonio Rico Rico había sido condenado a 15 años y seis meses de prisión por este mismo caso, pero la resolución fue revocada en el recurso de apelación que ahora fue utilizado para favorecer a Collado.
Rico Rico era presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y fue denunciado junto a Collado por supuestamente organizarse para despojar a un ex accionista de la empresa mediante la compraventa de un inmueble que actualmente es un centro comercial en Querétaro.
Actualmente Juan Collado permanece en libertad mediante la utilización de un brazalete electrónico.
Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
Fuente: Proceso
