Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música Spotify para el blanqueo de dinero, reportó este martes un diario local.

Estas bandas criminales llevan años utilizando dinero que ganan obtenido con tráfico de drogas, robos, fraudes y sicariato para pagar por descargas falsas de música publicada por artistas con vínculos con los delincuentes, según una investigación periodística publicada por Svenska Dagbladet (SvD).

Entonces, reciben pagos de Spotify –la mayor plataforma de música digital del mundo– y consiguen lavar el dinero de sus actividades ilícitas.

El diario informó que la información fue confirmada por cuatro miembros de bandas diferentes que operan en Estocolmo y con datos entregados por un investigador de la policía.

«Puedo decir con una certeza del 100% que esto ocurre. Yo mismo estuve implicado», afirmó un miembro de una banda, que pidió no ser identificado, reportó SvD.

Le pagamos a gente de forma sistemática para hacer esto por nosotros», agregó.

Según este informante, los grupos de delincuentes convierten dinero de actividades ilícitas en criptomonedas bitcoin para pagar a personas que generan las descargas falsas.

El medio aseguró que en Suecia un millón de descargas generan entre 40,000 y 60,000 coronas suecas (entre 3,600 y 5,400 dólares).

El inspector policial citado por el reportaje dijo que contactó a Spotify para denunciar esta práctica en 2021, pero que la compañía nunca le respondió.

Spotify se convirtió en un cajero automático para las bandas», afirmó el agente al diario.

Spotify indicó en un comunicado a AFP que las descargas manipuladas son «un desafío para toda la industria» y que la empresa «trabaja duro para abordar este problema».

Suecia sufre desde hace pocos años episodios violentos por enfrentamientos entre bandas y ajustes de cuentas. En 2022, se registraron 90 ataques con explosivos y 391 tiroteos, con 62 víctimas fatales, según datos de la policía.

Fuente: El Economista