Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF), presentó las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita a los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y al empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montpese a que es una facultad y atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según oficio 529-I-001/21 en poder de Forbes México, Carlos Romero Aranda denunció el 17 de enero de 2021 a Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont por operaciones con recursos de procedencia ilícita (o lavado de dinero). Sin embargo, no es uno de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Hoy Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont son buscados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, de acuerdo con la causa penal 314/2021 en manos del juez Iván Aarón Zeferín Hernández.

Ese mismo esquema fue replicado en el asunto de los científicos, donde los ex integrantes del Foro Consultivo del Conacyt son acusados de recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades. 

A pedido del procurador Fiscal de la Federación se les pretende fincar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada a un grupo de 31 científicos, y  nuevamente sin intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Si el lavado de dinero se comete utilizando el sistema financiero mexicano se requiere que la denuncia sea presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Incluso, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la UIF es la encargada de interponer querellas en contra de los lavadores de dinero.

Sin dar aviso y excediendo sus facultades legales, Carlos Romero Aranda suscribió la denuncia en contra de Víctor Álvarez Puga la tarde de un domingo de enero de 2021 con la ayuda de Alejando Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR). Ese mismo esquema se utilizó en el asunto de los científicos, en agosto del presente año.

Para agilizar la querella, los funcionarios adujeron ante instancias judiciales que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, y el subsecretario de Egresos y del oficial Mayor no acudieron a laborar, por lo que Carlos Romero Aranda firmó en suplencia por ausencia de ellos.

Para ello, no tomó en cuenta a Santiago Nieto, jefe de la UIF, y otros funcionarios de la Unidad que cuenta con facultades para realizar bloqueos y denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Durante nueve meses y antes de la judicialización en contra de Víctor Álvarez Puga, la Fiscalía General de la República pudo llamar a personal de la UIF para perfeccionar la denuncia. Sin embargo, eso nunca pasó. Tampoco pasó en la denuncia presentada en contra los 31 científicos del Conacyt.

Expertos en la materia penal dicen existe la posibilidad de que un amparo cancele la orden de aprehensión contra Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena y de los 31 científicos, porque el actuar Carlos Romero Aranda y Alejandro Gertz Manero viola la normatividad interna que rige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos compromisos internacionales asumidos por México, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Todas las recomendaciones del GAFI otorgan a la UIF facultades exclusivas en materia de lavado de dinero.

Dentro del foro político y jurídico existe profunda preocupación de que el equilibrio de fuerzas legal, donde cada quien tiene facultades propias, sea violentado, para concentrar las facultades de denuncia, investigación e incluso las judiciales en un solo grupo, mediante el uso de figuras al margen de la ley.

Al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador existe una molestia por el actuar de Carlos Romero Aranda y Alejando Gertz Manero, ya que replicaron el modus operandi para denunciar por lavado de dinero a 31 científicos.

Carlos Romero Aranda y Alejando Gertz Manero serán llamados a comparecer ante las más altas instancias legales del país para explicar su actuar en las denuncias.

Ver Fuente: Forbes