Como resultado de las investigaciones realizadas a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una sexta denuncia contra el exfuncionario, así como contra 11 personas físicas y 33 personas morales, por los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos durante su gestión al frente de la empresa paraestatal.

De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de presunto lavado de dinero en Pemex durante el 2012 al 2016, que consistió en otorgar contratos por cantidades millonarias a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, con el fin de favorecer a servidores públicos y posiblemente financiar campañas políticas.

“(Se) presentó ante la Fiscalías Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Fiscalía General de la República una sexta denuncia en contra de Emilio «N»  y 11 personas físicas más así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex”, detalló este domingo la UIF en un comunicado.

La instancia a cargo de Santiago Nieto describió que las operaciones se integraron en tres niveles: en el primero, se otorgaron recursos, de forma injustificada, erogados por Pemex y organismos gubernamentales, a diversas empresas con relación directa con Odebrecht, entre las que destacan una organización por la cual se transfirieron del 2014 al 2016, más de 3,000 millones de pesos por el concepto de pagos por prestación de servicios de construcción a favor del gobierno federal, los cuales no fueron realizados.

Asimismo, en el segundo nivel, se detectaron empresas que recibieron recursos del primer grupo de organizaciones, las cuales se encargaron de mover el dinero y, finalmente, estratificarlo mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlo a empresas posiblemente fachada, mismas que se encargaron de difuminar el rastro de los activos.

“Se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio ‘N’”, detalló la UIF.

Hace algunos días, Lozoya consiguió una prórroga de un mes para enfrentar los procesos penales en su contra por los casos de Odebrecht, así como su participación en la compra de la procesadora Agronitrogenados.

El exfuncionario que colaboró durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue extraditado de España a México en julio del año pasado a solicitud de la Fiscalía General de la República.

Ver fuente: El economista